CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La imposición de la Ley de Seguridad Interior equivale al “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón cuando justificó que se haya quedado con la Presidencia de la República por encima de las prácticas democráticas.
Al promulgar la Ley de Seguridad Interior con el conocimiento de que es un dechado de violaciones constitucionales, el presidente Enrique Peña Nieto mostró también su desprecio al espíritu del régimen democrático.
Las formas no bastan para la democracia. El Legislativo, en efecto, aprobó la cuestionada ley, y el Ejecutivo la promulgó. En los siguientes meses le tocará revisarla a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la máxima representación del Poder Legislativo.
Cualquiera diría que hay una efectiva división de poderes. Pero un régimen democrático es mucho más que eso. Es también la prevalencia de la autoridad civil sobre los militares, el respeto permanente a los derechos humanos y la transparencia y rendición de cuentas respecto de las prácticas del poder.
Esas son las principales carencias de la ley. Por eso, aunque sea legítima, es rechazada por un amplio sector de la sociedad y por la comunidad internacional de los derechos humanos. El fondo, lo que defienden es un régimen en el que los militares estén plenamente subordinados al poder civil.
Un presidente que publica leyes a sabiendas de que son contrarias a la Constitución es un gobernante autoritario y faccioso que perturba en lugar de tranquilizar al país.
Como continuador de las prácticas violentas de Calderón, Peña Nieto acabó siendo tan autoritario como su antecesor, apoyados sólo en la formalidad democrática.
Irónico, ofrece no promulgar ninguna Declaratoria de Protección de Seguridad Interior mientras la Suprema Corte no resuelva las impugnaciones a la ley.
Sabe que la Corte difícilmente echará abajo la ley. Se necesitan ocho de los once ministros para echarla al basurero por sus violaciones a la norma máxima del país. Sabe también que mientras se resuelve, la ley se podrá poner en marcha por ser de aplicación obligatoria. Es decir, aunque no haya una Declaratoria de Protección de Seguridad Interior, las demás disposiciones podrán aplicarse.
Entre ellas, lo que los militares puedan hacer “por sí mismos” en razón de la seguridad interior. Al margen de la Declaración, las Fuerzas Armadas llevarán a cabo “acciones de seguridad interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces” para “identificar, prevenir y atender riesgos” detectados en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR).
Así de amplias e imprecisas son las atribuciones de la ley, pues la ANR es un documento que desconocemos porque es reservado por ser de seguridad nacional.
Como presidente, Peña Nieto promulgó una ley a favor de una facción, la de la casta militar mexicana que históricamente ha sido ajena a la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo en casos de crímenes de lesa humanidad.
La ley ya es una realidad. Los militares mexicanos han ganado más que un marco jurídico. Lograron hacer más grande su bolsón autoritario.
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